La acumulación de pagos atrasados de PAMI e Incluir Salud genera cierres de espacios, restricciones en la atención médica y una creciente tensión en el sistema de discapacidad. Prestadores y organizaciones advierten que la combinación de deuda, desactualización de aranceles y ajuste presupuestario pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para jubilados y personas con discapacidad.
Un sistema que deja de ser previsible
“Que deba Incluir Salud es histórico. Que deba Pami, no. Y los dos juntos, menos. Pienso que hay una decisión detrás de esto. En general todos tomábamos a Pami como lo seguro. Ahora, no”.
La definición de María Bayá Casal, referente de la Federación Argentina de Organizaciones sin Fines de Lucro de y para personas con discapacidad (Fededis), sintetiza el clima que atraviesa el sistema de prestaciones sociales y sanitarias en Argentina.
El problema ya no es solo el atraso de pagos, sino la pérdida de previsibilidad de dos pilares clave del sistema: PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, e Incluir Salud, que depende del Ministerio de Salud y cubre a personas con pensiones no contributivas.
La combinación de ambos en crisis simultánea marca un escenario inédito que impacta directamente en la gestión del ministro Mario Lugones, en medio de tensiones políticas dentro del gobierno de Javier Milei.
El Gobierno niega crisis, pero los conflictos se multiplican
Desde el Ejecutivo salieron a desmentir versiones sobre la salida de Lugones y reafirmaron su continuidad, mientras que desde PAMI sostienen que los cronogramas de pago “se están cumpliendo dentro de los plazos establecidos”.
Sin embargo, el propio organismo reconoció demoras en algunas prestaciones, como la atención oftalmológica.
En paralelo, los conflictos crecen en distintas provincias:
- En Río Negro, los oftalmólogos restringieron la atención a afiliados de PAMI por falta de pagos.
- En Santa Fe, ópticas y prestadores advierten sobre ceses de atención por facturas impagas desde octubre.
- En Córdoba, clínicas privadas denuncian que los valores están más de 100% por debajo de los costos reales.
El resultado es una presión creciente sobre el sistema sanitario privado que atiende a jubilados y personas con discapacidad.
Deuda millonaria y riesgo de colapso
Según estimaciones del sector, la deuda acumulada alcanza cifras alarmantes: $250.000 millones en discapacidad (Ministerio de Salud/Incluir Salud) y $700.000 millones en PAMI
Estas cifras reflejan una situación estructural y no solo administrativa.
Prestadores advierten que la combinación de atraso en pagos y desactualización de aranceles genera una asfixia económica que amenaza la continuidad de los servicios.
En algunos distritos ya se registran cierres de centros de atención y espacios terapéuticos.
El impacto directo sobre la discapacidad
El sector de discapacidad es uno de los más golpeados.
Instituciones y fundaciones sostienen los servicios con recursos mínimos, pagando parcialmente salarios y acumulando deudas previsionales.
“Hay situaciones de riesgo de cierre y en San Miguel ya hay dos espacios que cerraron. La gran mayoría estamos pagando porcentajes de honorarios. Hay que elegir qué pagar”, advierte Bayá Casal.
El problema es estructural: si los prestadores cierran, las personas con discapacidad no tienen alternativas, especialmente en sectores de bajos ingresos.
Esto se vincula directamente con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que obligaba a actualizar los valores del nomenclador, algo que según el sector se cumplió parcialmente y con retrasos.
Transporte y tratamientos en riesgo
El deterioro también afecta al transporte para personas con discapacidad.
Fernando Gantesti, de la Asociación de Transportistas del sector, advierte que:
- Incluir Salud adeuda desde octubre en Capital
- Desde noviembre en Provincia de Buenos Aires
- PAMI paga con atrasos en distintas seccionales
- El aumento del combustible agrava la situación
El resultado es una reducción de servicios que impacta directamente en los tratamientos.
“Como siempre, repercute en las personas con discapacidad, en su calidad de vida y en los tratamientos que tienen que recibir y no reciben”, señalan desde el sector.
La transición institucional que agrava la crisis
Uno de los argumentos oficiales para explicar las demoras en Incluir Salud es la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y su traspaso al Ministerio de Salud.
Según prestadores, el problema está en la digitalización de convenios y firmas porque se pagó a quienes tenían convenios cargados en el sistema, quedaron afuera quienes no tenían documentación digitalizada y hay demoras desde noviembre
El compromiso oficial es regularizar la situación, pero el atraso acumulado sigue afectando al sistema.
Un modelo de ajuste que tensiona la salud pública
El gobierno de Milei sostiene una política de reducción del gasto público que impacta directamente en áreas sociales sensibles.
En ese contexto, PAMI e Incluir Salud funcionan como variables de ajuste indirecto, donde el retraso de pagos permite reducir el gasto sin anunciar recortes formales.
El riesgo es claro: el sistema puede seguir funcionando durante un tiempo con atrasos, pero si los prestadores quiebran o se retiran, la red de atención se rompe. Y cuando eso ocurre, reconstruirla resulta mucho más costoso.
Advertencias al Congreso
El Foro Permanente Discapacidad envió una nueva carta a legisladores alertando sobre la gravedad de la situación.
Entre los puntos señalados:
- PAMI paga con atraso
- Incluir Salud adeuda meses
- prestadores en crisis
- riesgo de interrupción de servicios
El sector reclama medidas urgentes para evitar un colapso del sistema.
